REPUBLICA DOMINICANA REFUGIO DE LA DELINCUENCIA INGTERNACIONAL
MAFIA CONTROLA REPÚBLICA DOMINICANA.
LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN LO PERMITE.
La
razón de ese traslado fue “seguridad, principalmente seguridad empresarial”,
argumentó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según
su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
Ramón
Peralta, ministro de la Presidencia, aseguró en abril que cuando las
investigaciones concluyan quedará demostrado que las campañas electorales de
Medina no recibieron dinero de la empresa brasileña.
LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN LO PERMITE.
La
brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en
la historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio.
Tanto, que la empresa trasladó su oficina de gestión de sobornos a la nación
caribeña, donde funcionarios locales se beneficiaron con casi 100 millones de
dólares.
Sin
embargo, cinco meses después de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie
en el país caribeño ha sido castigado, ni siquiera identificado, como
beneficiario de las millonarias coimas, lo cual ha generado indignación tanto
en grupos civiles como políticos.
Los
críticos esperan que al menos el silencio termine el viernes, cuando se espera
que la compañía entregue a la Procuraduría los nombres de los beneficiarios
como parte de un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar a los
ejecutivos de la compañía y le permite continuar sus operaciones en el país.
De
acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia
estadounidense, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788
millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de
África para conseguir contratos millonarios con los gobiernos.
En
República Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de
dólares en sobornos para obtener 17 contratos de construcción de carreteras,
presas y una termoeléctrica. Uno de los principales implicados trabajó como
asesor del presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
Cuando
comenzó a sentirse acosada por la investigación judicial que inició Brasil tras
descubrir los millonarios sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana
en octubre de 2014 el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en
realidad era la oficina de gestión de las coimas.
La
razón de ese traslado fue “seguridad, principalmente seguridad empresarial”,
argumentó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según
su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El
procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido
gobernante, suscribió en enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante
el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos
no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar a
funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados
en un periodo de ocho años. Es el primer acuerdo de ese tipo que la compañía
logra suscribir con un gobierno fuera de Brasil.
Se
trata de un “acuerdo de impunidad”, consideró Manuel Robles, miembro del grupo
civil Marcha Verde, creado en medio de las protestas callejeras en demanda de
una investigación independiente de los sobornos y castigos a los implicados.
El
procurador Rodríguez aseguró que la lista de sobornados será entregada por
Odebrecht el 19 de mayo, aunque los activistas de la Marcha Verde y otros
grupos desconfían que se conozcan a todos los implicados.
“Para
Odebrecht, República Dominicana no fue un país cualquiera”, comentó Robles. “El
pueblo dominicano ha sido vilmente afectado por una empresa mafiosa en
complicidad con políticos, con funcionarios ladrones”.
Desde
que comenzó a operar en República Dominicana en 2001, Odebrecht suscribió 17
contratos por un monto total de unos 5.000 millones de dólares, cerca del 7%
del PIB local en un país donde la gran mayoría gana menos de 200 dólares al
mes.
“Aquí
hay ruta del dinero, debe haber registros, debe haber información”, consideró
Rosalía Sosa, directora del grupo civil Participación Ciudadana, que reclama
una investigación más profunda por parte de la Procuraduría.
De los
17 contratos, 15 fueron suscritos en las cuatro administraciones consecutivas
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del que forma parte el
presidente Danilo Medina y que es encabezado por el exmandatario Leonel
Fernández.
La
popularidad del PLD se debe en parte a que el país ha tenido el mayor
crecimiento económico de América Latina durante la última década y a sus
extensos programas de asistencia social.
Fernández
se ha abstenido de hablar sobre los sobornos, sin embargo, Medina defendió en
febrero el acuerdo que impide procesar a los ejecutivos de Odebrecht.
Entre
los contratos de Odebrecht se encuentra la obra insignia del gobierno de
Medina: una planta termoeléctrica de carbón que con una inversión de unos 2.000
millones de dólares generará 720 megavatios.
La
termoeléctrica de Punta Catalina, 60 kilómetros al oeste de Santo Domingo, fue
licitada en 2013 en medio de críticas de grupos ecologistas y cuestionamientos
de la sociedad civil y partidos de oposición que aseguraron que la obra fue
sobrevaluada en al menos 600 millones de dólares. Odebrecht ganó la licitación,
pese a que presentó la oferta más cara y más de 500 millones de dólares por
encima del límite que había establecido el Congreso.
Ante la
presión de la sociedad civil, Medina creó en enero una comisión para investigar
la licitación.
“Tengo
absoluta certeza de que el comité de licitación y los equipos técnicos hicieron
un proceso transparente; realizaron una asignación justa al que ganó, al que
hizo la mejor oferta”, aseguró Rubén Bichara, director del organismo rector del
sector eléctrico.
La
planta está prevista que comience a funcionar este año.
Otros
de los aspectos que los grupos civiles exigen investigar es la vinculación de
Medina con el mercadólogo Joao Santana, una de las figuras claves en el esquema
de sobornos.
Santana
fue estratega de la campaña electoral de Medina en 2012 y trabajaba en el
proyecto reelecionista del mandatario cuando se ordenó su arresto en Brasil en
2016. También fue estratega electoral de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da
Silva, Dilma Roussef, en Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, y
Mauricio Funes, en El Salvador.
Ramón
Peralta, ministro de la Presidencia, aseguró en abril que cuando las
investigaciones concluyan quedará demostrado que las campañas electorales de
Medina no recibieron dinero de la empresa brasileña.
“Nosotros
financiamos nuestra propia campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros”,
insistió Medina en marzo.
Mientras
en República Dominicana no se conocen los nombres de ninguno de los implicados
en los sobornos, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú las investigaciones han
generado cientos de acusaciones, incluidas contra expresidentes.
La
Procuraduría peruana investiga a tres expresidentes, ha enviado a prisión a
cinco funcionarios y emitió orden de arresto contra el exmandatario Alejandro
Toledo, hoy prófugo, por presuntamente recibir unos 20 millones de dólares.
Según las autoridades judiciales, otros 100 funcionarios podrían ser
procesados.
En
Venezuela, donde Odebrecht distribuyó 98 millones de dólares en sobornos, las
autoridades congelaron los bienes de la empresa, allanaron sus oficinas en
Caracas y pidieron información sobre las transacciones a los gobiernos de
Brasil y Suiza.
Aunque
algunos testigos han implicado ante las autoridades de Brasil al presidente
venezolano Nicolás Maduro, ni el mandatario ni el gobierno han comentado de
forma pública sobre esos testimonios.
En
Ecuador, donde la compañía pagó unos 33,5 millones de dólares en sobornos, el
gobierno detuvo a un empresario y a un ex ministro de electricidad vinculados a
los sobornos, y comenzó a revisar los 30 contratos suscritos con Odebrecht
desde 1990. Debido al escándalo, la compañía no puede operar en ese país.
No hay comentarios