Auditoría. Se roban los bienes incautados por RD$27 millones en OCABID
Auditó la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), dependencia del Ministerio Público.
-La apropiación irregular de bienes y un despilfarro por valor de 27 millones de pesos, fueron detectados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), dependencia del Ministerio Público.
La auditoría fue entregada por Cámara de Cuentas de la República a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), dependencia de la Procuraduría General de la República.
Una fuente de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) confió a reporteros de Acento.com.do que la auditoría, al igual que otras entregadas por la CCRD, están siendo analizadas para proceder judicialmente contra las personas responsables de las violaciones legales en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano de control financiero, dirigido por Licelott Marte de Barrio, encontró el dispendio de recursos en la ejecución presupuestaria de la OCABID, y responsabiliza al ex administrador de la entidad, Juan Francisco Matos Castaños, y al gerente administrativo coronel Héctor Suárez Torres, entre otros funcionarios y ejecutivos.
La auditoría fue entregada al organismo de la Procuraduría General de la República junto a otras correspondientes a varias instituciones autónomas y descentralizadas del gobierno en los últimos 8 años.
El informe refiere que al meno 47 cheques, por la suma de 15.8 millones de pesos, emitidos a nombre de empresas proveedoras, fueron endosados y depositados en una cuenta de Scotiabank a nombre de dos particulares.
Los cheques habían sido entregados por la institución a Ignacio Heriberto Almonte y Pedro Antonio Matos Herrera, ambos cambiadores de cheques, sin la aparente autorización de las compañías a nombre de las cuales fueron emitidos.
Los pagos fueron emitidos a las compañías Importaciones Jap Cpor.A, Supliqment Cpor A, Servicios integrales, Comercial Ste Hey. Cpor A, Importaciones sin Limetes e Impresora Candy.
Además, los auditores encontraron las copias de otros 4 cheques por valor de RD$ 2.5 millones, endosados por el gerente administrativo, coronel Héctor Suárez Torres, a nombre de las mismas empresas suplidoras.
La Cámara de Cuentas explica, además, que el sargento Emilio Jiménez Beltré, encargado de Compras de la OCABID en 2006, habría cobrado como suyos nueve cheques por la suma de 1 millón 279 mil 77 pesos, erogados a nombre de las referidas empresas.
De igual manera, el informe de fiscalización refiere que el sargento de la policía Wilking Maya Frías, encargado de almacén durante el período auditado, endoso y cambió otros dos cheques por valor de RD$ 111, 789.80.
Los técnicos encontraron también evidencias de 9 cheques, emitidos en la misma condición, por la suma de 600 mil 054 pesos, que fueron cobrados por el mensajero de la institución, cabo Marcos Durán Ciprián.
También el segundo teniente Víctor Rafael Toribio Marte, encargado de contabilidad a la fecha de la investigación, canjeó dos cheques por la suma de 79 mil 901, que aparecen registrados a nombre de las empresas afectadas.
Todos los militares que endosaron y cambiaron queches emitidos a terceros trabajaron como subalternos del administrador de la Oficina de Custodia de Bienes Incautados, Juan Francisco Matos Castaños.
Donaciones sin soporte justificativo
También fueron objeto de análisis los desembolsos efectuados por la OCABID, por la suma de RD$ 9 millones 339 mil 328, para supuestas donaciones y ayudas a residentes del municipio de Villa Altagracia, lugar donde nació el ex administrado de la entidad.
La Cámara de Cuentas refiere que de la cifra indicada, 6.3 millones de pesos habrán sido entregados en raciones de alimentos, canastas para parturientas, colchones, sábanas, mosquiteros y útiles escolares.
En tanto, otros 2.5 millones de pesos se gastaron en la compra de electrodomésticos, canastas navideñas y útiles escolares para el personal militar y civil que laboraba en la institución.
Según este informe, 400 mil se concedieron en ayudas económicas al personal militar.
Las supuestas ayudas y donaciones se hicieron a través de un llamado Plan de Acción Cívica de la Oficina de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.
La Cámara de Cuentas subraya, además, que los desembolsos se hicieron sin los soportes justificativos, y sin evidencias que prueben que las provisiones y el dinero efectivo fueran entregados a las personas necesitadas.
Asimismo, el informe destaca que el ex administrador de la referida institución violó la Ley 531 de Presupuesto para el Sector Público, numeral 10 de Controles Internos del Área de Banco del Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General de la República.
El órgano de fiscalización y control del sector público realizó la auditoría financiera durante los periodos de administración de enero de 2005 hasta diciembre de 2006.
Matos Castaños fue designado posteriormente como administrador del Concejo Estatal de Azúcar (CEA), función que desempañó hasta el 2011.
El coronel Suárez Torres pasó a ocupar la Contraloría del Ejercito Nacional en 2008-2010, y luego la del Ministerio de Las Fuerzas Armadas durante el período de 2010 hasta 2012.
Además del administrador y del gerente administrativo, figuran los nombres de los ex funcionarios de la entidad, Ramón Darío Hidalgo Gómez, sub director, Anastasio Almonte González, auditor interno, Víctor Rafael Toribio Marte, encargado de contabilidad; Oscar Martínez Brea, jefe de operaciones, entre otros.
SE ROBAN LOS BIENES INCAUTADOS.
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Reviewed by Alberto Cabrera Vasquez, abogado y periodista
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