Corrupción gubernamental en República Dominicana

Corrupción gubernamental en República Dominicana

La corrupción es un mal endémico de nuestros tiempos, aunque nació con la civilización del hombre. Una plaga que se propaga en una aldea global fértil, abonada por la falta de voluntad política para enfrentarla.

 Sus daños son tan dramáticos que hubo la necesidad de dedicar el día nuevo de diciembre de cada  año para combatir la corrupción en el mundo. Los estudios, investigaciones y  evidencias empíricas establecen una asociación estrecha entre corrupción gubernamental y desarrollo económico y social. A mayor corrupción menor desarrollo. Un axioma que se comprueba a simple vista.

Da pena y vergüenza que nuestro país siga apareciendo en la lista de los campeones del mundo en materia de despilfarro de los fondos públicos, aprovechamiento de las posiciones públicas para enriquecimiento ilícito y corrupción. Este año Transparencia Internacional no otorga una puntuación de 32 %. Los países con una puntuación inferior al 50 % clasifican entre los más corruptos. En el año 1996, el entonces candidato Leonel Fernández denunció que la corrupción gubernamental se llevaba todos los años 30 mil millones de pesos. El PIB a precios corrientes de ese año ascendía a 169,098 millones. Esto quiere decir que la corrupción se llevaba el 17 %  del PIB.

No obstante esa apreciación de  Leonel Fernández en el 1996, se estima que en la actualidad anualmente el equivalente al 4 por ciento del PIB dominicano se filtra por el colador de la corrupción, unos 90,000 millones de pesos, prácticamente la mitad del déficit del sector público consolidado proyectado para el cierre de año. Y casi el monto de los 99,600 millones de pesos que se destinará a la educación el próximo año 2013.

El flagelo de la corrupción sustrae fondos de la nación que se necesitan para enfrentar la enorme deuda social que arrastramos. El entramado de la corrupción afecta la generación de empleo, en cuanto ahuyenta la inversión extranjera. En días pasados, el embajador de Estados Unidos en país, Raúl Yzaguirre, denunció que inversionistas de su nación tuvieron que abandonar proyectos de inversión en carpeta, debido a presiones consideradas corruptivas. Permisos, autorizaciones y tramites burocráticos imprescindibles para le ejecución de un proyecto de inversión se retrasan considerablemente o finalmente no se ejecutan. La ración del boa está por delante.   

Hasta ahora, las acciones para prevenir, perseguir y castigar la corrupción en la República Dominicana se han quedado en papeles. El Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) ha devenido en un organismo de carácter político, que solo investiga y somete a la justicia a los denunciados que son del partido contrario o de aliados en desgracia. La Ley 340-06 de Compras y Contracciones del Sector Público no se aplica con la rigurosidad que señalan sus procedimientos. En ese caso de que nos sirve la ley.

Tenemos la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04, pero Transparencia Internacional nos coloca dentro de los países mas opacos en cuanto a brindar datos a la población sobre las ejecutorias del gobierno. A pesar de que todas las instituciones cuentan con una oficina de transparencia, por lo general no publican informaciones sensibles, muchas veces ni siquiera la nómina de los ministerios. Siempre encuentran un hueco por donde eludir la responsabilidad de informar sobre el destino de los impuestos que pagan los contribuyentes.

El incentivo perverso de no combatir la corrupción, atendiendo a cuestiones de costo político y de gobernabilidad, parece indicarnos que padeceremos este cáncer por largo tiempo, hasta un día… Los partidos políticos están obligados a evaluar que quienes están exigiendo transparencia, pulcritud y un régimen de consecuencias por el mal uso de los fondos públicos, no son políticos con los que se puede negociar impunidad y otorgarle una porción del pastel. De continuar como vamos, el sistema de partidos políticos  en el país se resquebrajará más temprano de lo esperado.